El Estatuto catalán
Son muchas las posibles explicaciones que se han dado para justificar lo injustificable
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o no, del Estatuto Catalán, está rodeada de circunstancias muy singulares. En primer lugar, sorprende no sé si es el verbo adecuado la tardanza de los Magistrados en llegar a señalar la adecuación o no del Estatuto a nuestra Constitución. Son muchas las posibles explicaciones que se han dado para justificar lo injustificable, que es ese largo tiempo de casi cuatro años para llegar a una sentencia. Y ninguna de ellas convincente. La realidad es que el Tribunal Constitucional, como ahora otros importantes órganos jurisdiccionales, están viciados por la forma de elección de sus Magistrados integrantes.
El origen político de su designación ha enturbiado, sin duda, su mente jurista a la que han intentado, y conseguido en parte, someter a criterios políticos. De esta manera, se han pasado los meses discutiendo como enmascarar, bajo criterios jurídicos, lo que eran decisiones de carácter político.
Al fin, urgidos por las presiones de la opinión pública en general, se han decidido por llegar a un fallo que, votando artículo por artículo, tal y como ha propuesto la ponencia, se fueran soslayando los graves problemas de fondo. Así se ha llegado a una sorprendente, está vez sí, sentencia, que evita la conclusión que se le pedía al Tribunal sobre si el Estatuto se adecua o no a la Constitución.
El Tribunal, ha querido no definirse sobre la totalidad y lo ha hecho sobre cada uno de sus artículos, pero, así lo entiendo yo, no ha podido evitar que quede claro que lo fundamental del Estatuto, el reconocimiento de Cataluña como nación, no es posible. Como bien han reconocido algunos dirigentes catalanes Artur Mas entre ellos no vale decir que hay muchos artículos «salvados» porque los pocos que han sido afectados son esenciales. Queda claro que el propósito del pacto con el Gobierno por cierto hecho a espaldas de la opinión pública no se puede cumplir y Rodríguez Zapatero se ve incumpliendo la promesa, que al parecer les hizo a los dirigentes catalanes. Políticamente un desastre para las expectativas que se habían formulado.
Jurídicamente un desastre, porque no se sabe o no se quieren anular, muchas de las disposiciones adoptadas por el Gobierno de la Generalitat en el desarrollo del texto, que ya se sabe, no es viable en lo sustancial. Y en técnica jurídica, otro desastre, puesto que, tras meses y meses de deliberación, se llega a una sentencia interpretativa que traslada la decisión a los que tienen que aplicar el Estatuto, cuando quien tendría que definir y aclarar el texto completo del Estatuto es el Tribunal.
De lo que hemos conocido a través de los medios informativos, llegamos a la conclusión de que el Estatuto no es Constitucional, que los políticos han fracasado en su empeño de avanzar hacia un sistema federal o confederal en el ámbito de la Nación Española, y que los Magistrados del Tribunal Constitucional, excepto los que han formulado su voto particular, que han posibilitado este desastroso final, no han estado a la altura que el prestigio del Tribunal precisa y la Nación Española merece. Pero todavía puede empeorar la situación. El Presidente del Gobierno se reúne con el Presidente le la Generalitat por si hay que tomar alguna decisión… ¿Para alterar la sentencia? ¿Para no cumplirla? ¿Para interpretarla mejor? En todo caso está claro que los auténticos perdedores somos España y los españoles, mientras la clase dirigente —según el Presidente del Foro de la Sociedad Civil, Ignacio Camuñas, continúa mirando para otro lado.
abc.es, 11.07.10