Rajoy pide sentido de Estado para aplicar la sentencia

Rajoy pide sentido de Estado para aplicar la sentencia

Sectores del Gobierno creen que la «letra pequeña» deja poco margen para negociar

Mariano Rajoy quiso pasar ayer de puntillas por la manifestación que recorrió las calles de Barcelona contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. No hubo menciones para los políticos catalanes, ni valoraciones acerca de las manifestaciones de los últimos días que desautorizaban al máximo órgano judicial de la nación, llamando incluso al desacato. El presidente del PP se limitó a sugerir que «de todo lo ocurrido hay que sacar lecciones para aprender de cara al futuro», y recetó «gran sentido de Estado», que él se comprometió a tener, y «mucho esfuerzo» para aplicar la sentencia y reconducir la situación actual.

El blanco de su crítica fue un José Luis Rodríguez Zapatero «escondido» desde que se conoció el fallo del TC, dijo, «y dando instrucciones a sus correligionarios para que arremetan especialmente contra el PP». Rajoy lamentó la «frivolidad» con que se ha manejado el jefe del Ejecutivo en este asunto, «engañando a todos los ciudadanos de Cataluña y el resto de España», una circunstancia «que produce consecuencias».

Desde el Ejecutivo y desde el PSOE se sigue la estrategia de culpar públicamente al PP de todo lo que ha sucedido en torno al Estatuto de Cataluña. Ayer, su vicesecretario general, José Blanco, insistió desde Oviedo en que ese partido es «el gran derrotado» por la sentencia del Tribunal Constitucional, ya que se ha demostrado «enemigo de la financiación, la autonomía y el autogobierno» de esa comunidad autónoma.

No obstante, en privado, algunos sectores del Gobierno y del PSOE creen que «la letra pequeña» del fallo dificulta un posterior pacto entre Zapatero y Montilla para desarrollar, vía reformas legislativas, algunos aspectos del Estatuto. Porque, al margen de que sólo 14 artículos hayan sido declarados inconstitucionales, la reinterpretación de otros 27 «dificulta mucho» una negociación bilateral a partir de ahora, dicen algunas fuentes consultadas. Por ejemplo, que el TC haya hablado de «evidente exceso» para anular el Consejo de Justicia obliga a que cualquier reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) «sea para las 17 comunidades autónomas», recuerda a ABC un miembro del Ejecutivo. Además, el órgano que se cree en cada una será meramente administrativo porque el único órgano de gobierno es el CGPJ.Otro asunto que será seguro objeto de polémica es que el TC haya zanjado como «no vinculante para el Estado» que el Estatuto diga que la Administración Central deba invertir durante siete años el equivalente al PIB que aporta Cataluña al Estado (18%). Y, en paralelo, que haya reinterpretado el artículo 206.5 en el sentido de que Cataluña, como cualquier otra comunidad «rica», podrá seguir recibiendo menos de lo que recauda vía impuestos si ello se deriva de «la aplicación general de los mecanismos de nivelación» de riqueza territorial Además las «vegeuerías» deberán ser las actuales cuatro provincias, y no las siete demarcaciones que proyectaba la Generalitat.

Montilla: nuevoproblema

Quizá por todo eso, José Montilla advirtió ayer en Onda Cero que la sentencia, más que arreglar el problema del Estatuto ha abierto «un conjunto de contenciosos» entre ambas administraciones. «Desde luego, no va a ayudar a resolver el problema catalán sino que ha creado uno nuevo», dijo el presidente catalán, que tiene pendiente una entrevista con Zapatero en La Moncloa para ver cómo reconducen la situación. De momento, el PSOE se ha acogido a la figura del PP «derrotado» aunque teme un aumento de la conflictividad entre Cataluña y el Estado a raíz de la sentencia. El secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, dijo que el Ejecutivo «respeta plenamente» los planteamientos de Montilla y que hace lo que hace «porque entiende que así defiende los intereses de Cataluña». Reconoció que, a partir de ahora, habrá un «reajuste evidente del marco autonómico, que tendrá un antes y un después de la sentencia». España no se rompe, «mal que les pese a algunos», aseguró. A pesar de estas palabras, la tensión con la que ha vivido el PSOE todo lo relativo al Estatuto quedó demostrada con las palabras del presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, que ayer se felicitó porque Cataluña ya no va a poder decidir unilateralmente sobre política hidráulica ni va a poder «disgregar» el Archivo de la Corona de Aragón.

abc.es, 11.07.10

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