El plan de España para acabar con la crisis de vivienda que afecta a los extranjeros

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha presentado un plan para paliar la crisis inmobiliaria en España, que incluye medidas para disuadir a los extranjeros extracomunitarios de comprar viviendas y una reforma fiscal para que los pisos turísticos graven como el resto de actividades económicas.

Durante su intervención, la presidenta del Gobierno y ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró que el derecho a una vivienda digna debe constituir «el quinto pilar del Estado del bienestar». En diciembre de 2024, Sánchez anunció la creación de una “gran empresa pública de vivienda capaz de construir y gestionar viviendas desde la Administración Pública General”, sin entrar en detalles. Sin embargo, el líder del Ejecutivo ha desvelado ahora algunas de las medidas que tiene preparadas para el mercado inmobiliario español en 2025.

En los últimos años, los apartamentos turísticos han sido un tema de debate controvertido. El Gobierno ha anunciado que introducirá una reforma fiscal para garantizar que los apartamentos turísticos graven de forma equiparable al resto de actividades económicas, como la aplicación del IVA en las zonas turísticas.

Pero el gobierno también propone restringir la compra de viviendas por parte de extranjeros de fuera de la UE que no vivan en el bloque. De hecho, pretende aumentar la carga fiscal de estos compradores al 100% para garantizar a los residentes una vivienda gratuita.

Sánchez también anunció que el Gobierno endurecerá las leyes para perseguir el fraude en el alquiler vacacional y creará un fondo para que las comunidades autónomas puedan reforzar los controles.

El Gobierno socialista también tiene previsto entregar a la Empresa Estatal de Vivienda unas 3.300 viviendas, que estarán protegidas por precios asequibles. Durante el primer trimestre de este año, la empresa pública también incluirá en el mercado de la vivienda los más de 30.000 pisos y casas que la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) ha puesto en el mercado.

Solo en 2023, no residentes de fuera de la Unión Europea compraron alrededor de 27.000 casas y pisos en España.

Pedro Sánchez

Presidente del Gobierno de España

También se creará un mecanismo legal para garantizar la prioridad en la compra de vivienda por parte de la nueva Empresa Estatal de Vivienda, y se creará un sistema que brindará garantías públicas para la protección de los propietarios e inquilinos que participen en el alquiler asequible. De esta manera, el propietario tendrá confianza en el cobro del alquiler y el inquilino tendrá confianza en una mayor igualdad en el acceso a la vivienda y en más oferta a un precio asequible.

Por último, el Estado creará un programa para ayudar a rehabilitar viviendas vacías para que puedan ser alquiladas, brindando ayuda financiera a las personas que renueven un apartamento para alquilarlo por al menos cinco años.

España planea introducir leyes estrictas sobre la compra de propiedades en un intento de controlar la creciente crisis inmobiliaria del país, que ha visto a los residentes quejarse de que no pueden permitirse comprar o alquilar una propiedad.

España se dispone a aplicar un impuesto del 100% a las compras de propiedades realizadas por compradores no pertenecientes a la UE y no residentes en un intento de abordar mejor la creciente crisis inmobiliaria del país reduciendo las compras extranjeras.

Es una de las 12 medidas anunciadas recientemente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar de mejorar la crisis de la vivienda. España se enfrenta a una escasez de propiedades asequibles para alquilar o comprar tras un fuerte aumento de los precios de la vivienda, agravado por el aumento de la inflación y de las tasas de interés.

La situación actual ha provocado enfado y descontento entre los vecinos, agravado por la falta de nuevas viviendas, lo que ha provocado que la demanda de viviendas supere significativamente la oferta, provocando un aumento aún mayor de los precios.

Sánchez dijo en un foro económico en Madrid que «Occidente se enfrenta a un desafío crucial: no convertirse en una sociedad dividida en dos clases: ricos terratenientes y pobres arrendatarios».

Sánchez añadió que solo en 2023 los extracomunitarios compraron alrededor de 27.000 casas y pisos en España, y lo hicieron no para vivir allí o con sus familias, sino para “especular” y “ganar dinero” con ellos, algo que, dijo, no se puede permitir en el actual contexto de escasez de vivienda asequible.

El primer ministro destacó la gravedad del problema y las posibles consecuencias económicas y sociales que podrían derivarse de la prolongación de la crisis en el mercado inmobiliario. No se proporcionó más información sobre cómo funcionaría la propuesta ni cuándo sería aceptada y finalizada. Otras grandes economías europeas, como Irlanda y los Países Bajos, también se han enfrentado a una crisis inmobiliaria en los últimos meses.

La reputación de España como destino popular para segundas residencias está amenazada

España ha sido durante mucho tiempo uno de los destinos más populares para segundas residencias y casas de vacaciones, particularmente en zonas como Barcelona, Ibiza y Marbella.

Gran parte del interés proviene de compradores estadounidenses, británicos y marroquíes, mientras que el interés de los compradores venezolanos y mexicanos ha aumentado en los últimos años.

Los opositores al plan argumentan que tales restricciones podrían tener un grave impacto en el sector turístico del país, que es un importante contribuyente a la economía del país.

Otras medidas propuestas para abordar la crisis de la vivienda incluyen aumentar la oferta de viviendas sociales y endurecer las restricciones a los alquileres de corto plazo. Sánchez también propuso incentivar la rehabilitación y el alquiler de viviendas existentes a precios justos.

España anuncia un plan de choque para afrontar la crisis inmobiliaria

Precios demasiado altos, oferta insuficiente, un mercado parcialmente dominado por extranjeros no residentes: en un momento en el que la mayoría de los españoles no pueden comprar una vivienda y tienen grandes dificultades para alquilar, el gobierno de Pedro Sánchez presentó el 13 de enero un plan integral para luchar contra la especulación en el mercado inmobiliario español.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es consciente de que la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles y ha querido abordar una cuestión que sabe que su electorado está esperando que resuelva. El paquete de medidas, que recoge anuncios realizados en las últimas semanas, responde a «tres objetivos»: «más vivienda», «mejor regulación» y «más ayudas», afirmó el dirigente socialista en un foro económico.

Doble imposición de extranjeros

Entre las 12 medidas de gran calado que ha presentado, el líder socialista anunció la construcción de más de 40.000 edificios públicos este año para que los propietarios puedan alquilar sus viviendas a precios asequibles y la rehabilitación de viviendas vacías para ponerlas a la venta. Pero el plan también prevé prohibir que las viviendas sociales dejen de ser viviendas sociales y que sus propietarios puedan obtener beneficios por ello, y duplicar la tributación para todos los extranjeros no residentes que compren edificios. De todos los edificios y casas en construcción, una tercera parte pertenecen a extranjeros que no viven en el país.

Para la mayor parte de la clase media española, así como para aquellos menores de 40 años, encontrar un lugar donde vivir se ha convertido en una tarea difícil. Uno de los principales obstáculos es el aumento de fondos de inversión y de apartamentos turísticos, según el Gobierno y los expertos. Por ello, Pedro Sánchez quiere que Airbnb tenga menos pisos de alquiler y más casas.

Queda por ver si estas medidas cambiarán la realidad del mercado, que ha llevado a un destacado sociólogo a afirmar que España está hoy dividida entre terratenientes ricos e inquilinos empobrecidos.

Sólo 90.000 viviendas en el mercado

Durante el boom inmobiliario de la década de 2000, cuando las autoridades registraron 400.000 nuevas viviendas, se construían 600.000 al año, dijo Pedro Sánchez. Hoy en día, sólo 90.000 viviendas salen al mercado, mientras que cada año se construyen 300.000 nuevas.

El primer ministro, que atribuye el declive a las medidas adoptadas por el partido de derechas Popular tras la crisis de 2008, destacó en particular el bajo nivel de vivienda social. Hoy en día, “sólo tenemos un 2,5% de viviendas públicas. Estamos muy por detrás de otros estados miembros" de la Unión Europea, «como Francia, donde es el 14% (de vivienda social), o los Países Bajos, donde es el 34%», explicó Sánchez.

Para ello, el presidente del Gobierno anunció la cesión a la recién creada empresa estatal de dos millones de metros cuadrados de terreno en los que se podrán construir miles y miles de unidades de vivienda social asequible.

Contención del aumento de los alquileres

Para combatir la proliferación de apartamentos turísticos, a los que atribuyó el aumento vertiginoso de los alquileres al limitar el número de viviendas disponibles para los locales, Sánchez también anunció aumentos de impuestos y una mayor aplicación de la ley por parte del gobierno. «Es injusto que los propietarios de tres, cuatro o cinco apartamentos de alquiler paguen menos impuestos que los hoteles», afirmó, prometiendo presentar reformas en el Parlamento para gravar a estos propietarios igual que a las «empresas».

Para frenar el aumento de los alquileres, Pedro Sánchez también ha prometido exenciones fiscales para los propietarios que acepten alquilar sus viviendas de acuerdo con un índice de alquiler establecido por el Gobierno, incluso en zonas que no estén bajo presión.

En mayo de 2023, el presidente del Gobierno español ya aprobó una histórica ley de vivienda que incluía un aumento de la construcción de viviendas sociales, controles de alquileres en zonas de tensión y sanciones para los propietarios que dejen sus propiedades desocupadas. Pero hasta ahora la legislación no ha logrado frenar el aumento de precios. El año pasado, los alquileres en España aumentaron otro 11%, según el portal inmobiliario Idealista.

Principales medidas del plan:

1. Transferencia de viviendas y suelo a la nueva Empresa Pública de Vivienda.
2. Creación de la Empresa Pública de Vivienda
   • La Administración General del Estado ha transferido más de 3.300 viviendas y cerca de dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir viviendas sociales de alquiler asequible destinadas a jóvenes.
   • La SAREB incorporará 13.000 viviendas durante el primer semestre de 2025 y otras 17.000 de forma progresiva.
   • La empresa tendrá prioridad en la compra de viviendas y suelo, en ausencia de acción por parte de las comunidades autónomas.
3. Blindaje de la vivienda protegida
   • Una nueva normativa garantizará que toda vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública.
4. Impulso a la construcción industrializada
   • Lanzamiento de un PERTE para fomentar la construcción modular y sostenible, que reducirá tiempos y costos. Este proyecto iniciará en la provincia de Valencia como parte de la recuperación tras la DANA.
5. Sistema de garantías públicas para alquiler asequible
   • Protegerá a propietarios e inquilinos en el mercado de alquiler asequible. Asegurará el cobro de rentas a los propietarios y ofrecerá más opciones a precios justos para los inquilinos. Se implementará este año, comenzando con menores de 35 años.
6. Rehabilitación de viviendas vacías
   • Nuevas ayudas para reformar pisos que se destinen al alquiler asequible durante al menos cinco años.
7. Exenciones fiscales en alquileres asequibles
   • Propuesta de exención del 100% del IRPF para propietarios que alquilen viviendas según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de estar en zonas tensionadas.
8. Regulación de viviendas turísticas
   • Propuesta para que estas viviendas tributen como actividad económica, incluyendo IVA en zonas de saturación turística.
9. Reformas fiscales para SOCIMIS
   • Las ventajas fiscales de estas entidades estarán condicionadas a la promoción de viviendas de alquiler asequible.
10. Limitación a la compra por parte de extracomunitarios no residentes
    • Incremento del 100% en el gravamen fiscal para compradores no europeos que no residan en España, priorizando el acceso a vivienda para residentes.
11. Refuerzo contra el fraude en alquileres y viviendas turísticas ilegales

• Endurecimiento de las inspecciones y creación de un fondo destinado a gobiernos autonómicos y municipales para combatir el uso fraudulento de la vivienda.

1. Nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026

• Aumentará las ayudas para alquiler y primera vivienda, con especial atención a jóvenes, mayores, personas con discapacidad y residentes en zonas tensionadas.

Con estas medidas, el Gobierno pretende abordar de manera integral la problemática de la vivienda en España, equilibrando las necesidades de propietarios, inquilinos y comunidades afectadas por la saturación turística o la falta de oferta asequible.

El mercado inmobiliario español seguirá siendo uno de los grandes protagonistas en 2025, con una crisis que podría incluso agudizarse, según advierte Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. A pesar del incremento previsto en los visados de obra nueva, que alcanzarán las 125.000 unidades en 2024, la oferta sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda, sobre todo para alquilar pisos.

«El problema no es solo de oferta», explica Salcedo, quien señala que el Banco Central Europeo estima una sobrevaloración del 10% en los precios de la vivienda española. Para abordar esta situación, propone tres medidas fundamentales:

1. Liberalización controlada del suelo urbanizable, facilitando su transformación en suelo urbano.

2. Mantenimiento de costes de construcción para permitir una moderación en los precios finales.

3. Aprovechamiento de la actual tendencia a la baja en los costes financieros.

El sector muestra signos de recuperación, con aproximadamente 650.000 viviendas vendidas en 2024, superando las 586.000 de 2023. Esta mejora se debe a varios factores: la bajada de tipos de interés, la necesidad básica de vivienda y la percepción de ser una inversión segura. Sin embargo, el mercado del alquiler presenta una situación aún más crítica, con una caída del 36,3% en la oferta y un aumento del 26,8% en la demanda.

La situación en el mercado del alquiler es aún más crítica. La oferta de viviendas en alquiler ha disminuido un 36.3%, mientras que la demanda ha aumentado un 26.8%. Esto ha provocado una fuerte competencia, con «hasta 15 y muchos más compradores por cada vivienda ofertada». Salcedo sostiene que las dificultades para acceder a una vivienda en alquiler son incluso mayores que las de compra.

La falta de seguridad jurídica también está afectando al mercado del alquiler, ya que los propietarios dudan en poner sus viviendas en el mercado debido a la protección de los inquilinos morosos. Aunque el gobierno ha tomado medidas para acelerar los juicios por allanamiento, la protección a los inquilinos que no pagan sigue siendo un problema.

«No es un problema único de España, es un problema mundial», destaca Salcedo, señalando que la crisis de la vivienda afecta a grandes ciudades de Canadá, Reino Unido, Francia e Italia, entre otros países. Esta situación global se debe a la percepción de la vivienda como un activo seguro en un contexto de bajas rentabilidades financieras.

El experto concluye que la solución pasa por una gestión más eficiente del suelo: «Como la materia prima esencial en la vivienda es el suelo, lo que hay que tener es suelo listo para que vaya entrando en carga de forma inmediata y al ritmo en que se va incrementando la demanda».