Putin nombra al excónsul en Barcelona nuevo embajador en Madrid

Putin nombra al excónsul en Barcelona nuevo embajador en Madrid

Putin formalizó el nombramiento de un nuevo embajador en España, semanas después de que el Gobierno aceptara la propuesta de Moscú de intentar mantener abiertos los canales diplomáticos en medio de la escalada de tensiones por Ucrania.

Los decretos publicados por Moscú implican la sustitución del actual embajador, Yuri Korchaguin, por Yuri Klimenko, que ejercerá también como representante ruso en Andorra y ante la Organización Mundial del Turismo (OMT), con sede en Madrid. Klimenko ya se ha desempeñado como cónsul en Barcelona.

El actual embajador llevaba en el cargo desde 2012 y, desde que Putin ordenó la invasión de Ucrania en febrero, había sido citado en dos ocasiones por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en ambos casos para trasladar el malestar de España con la ofensiva militar.

Pese a estas discrepancias, el Ejecutivo de Pedro Sánchez concedió en octubre el necesario visto bueno para el nuevo representante ruso argumentando que era la única forma de seguir manteniendo los canales diplomáticos entre ambos países.La UE ha adoptado varias rondas de sanciones contra Rusia en represalia por la guerra.

Putin nombra a Yuri Klimenko embajador en España: fue cónsul en Barcelona con el 'procés'

Releva a Yuri Korchaguin, en el cargo desde 2012. Klimenko será también el emisario ruso ante Andorra y en la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Vladímir Putin ha nombrado al diplomático Yuri Klimenko «embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación Rusa en el Reino de España», se puede leer este viernes en el boletín oficial.

Klimenko, de 63 años, fue cónsul general de Rusia en Barcelona en los años duros del 'procés' y consejero de la Embajada rusa en España. Sustituye a Yuri Korchaguin, al frente de la legación diplomática en nuestro país los últimos diez años.

El nuevo embajador ejercerá también como representante ruso ante Andorra y en la Organización Mundial del Turismo (OMT), con sede en Madrid.

En octubre, el Gobierno aceptó la llegada de un nuevo embajador a fin de «mantener abiertos los cauces diplomáticos» con Moscú. España, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, «no va a cortar ningún puente que pare esta guerra».

La relación España — Rusia

Es de hecho una situación llamativa que entre las medidas de aislamiento y repulsa por la invasión de Ucrania Rusia mantenga a sus emisarios en las principales capitales, incluida Madrid, en línea con la actuación de nuestros aliados en el conflicto.

Lo que no ha hecho Exteriores es silenciar su repulsa al ataque ruso. Ya el 23 de febrero, un día antes de la invasión, trasladó a Korchaguin el rechazo a la decisión de reconocer la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk.

Un día después, cuando Putin ordenó bombardear Kiev y varias ciudades más, el ministro José Manuel Albares convocó al embajador ruso. El 5 de abril se pasaba de las palabras a los hechos con la expulsión de 27 empleados de la embajada.

El 3 de octubre, Exteriores volvió a citar a Korchagin, coincidiendo con la anexión por parte de Rusia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las regiones de Jersón y Zaporiyia tras referéndum ilegales.

La Guardia Civil dice que el Kremlin intentó usar en Cataluña la misma táctica de ocupación de Crimea

La UE investigará la injerencia rusa en Cataluña, que según la Guardia Civil responde a una «estrategia geopolítica de desestabilización» similar a la empleada en Ucrania.

El Parlamento Europeo ha acordado esta semana solicitar a la Unión Europea que abra una investigación sobre las operaciones encubiertas desarrolladas por el Kremlin para apoyar al movimiento independentista de Cataluña.

El Kremlin utilizó agentes encubiertos y tramas delictivas para impulsar el 'procés' catalán

Los radicales de Tsunami Democratic trataron de hacerse con el control del aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019

Tras los intentos de Josep Lluís Alay de atraerse a Moscú a la causa independentista, el coronel del GRU Denis Sergéyev estaría localizado en Barcelona el día del referéndum ilegal.

Rusia interfirió gravemente en el proceso separatista catalán. Y, al contrario de lo que muchos creían hasta ahora, no se limitó a amplificar masivamente el ruido en redes sociales aquellos fatídicos días de octubre de 2017. A medida que se van desvelando detalles de las investigaciones judiciales y periodísticas en curso, el alcance de la injerencia rusa adquiere unas dimensiones cada vez más preocupantes en cuanto a su profundidad, audacia y extensión en el tiempo.

El diario The New York Times destapó el pasado mes de septiembre los viajes a Moscú realizados en la primavera de 2019 por el jefe de la oficina de Carles Puigdemont en Waterloo, Josep Lluís Aloy, para entrevistarse con antiguos miembros de la inteligencia rusa, con el fin de recabar el apoyo del régimen de Vladímir Putin.

Durante la instrucción de la operación Volhov, la Guardia Civil interceptó una grabación en la que el presidente de la Fundación CATMon, Víctor Terradellas, aseguraba que, tras el referéndum ilegal del 1-O, Putin había ofrecido a Puigdemont «10.000 soldados rusos» para hacer efectiva la declaración de independencia.

El juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, también investiga si el «Consell de la República» de Puigdemont se ha financiado con una operación de venta de gas ruso a China por importe de 6 millones de dólares, realizada por el empresario residente en Cataluña Alexander Dmitrenko (quien mantiene estrechos vínculos con la inteligencia rusa, según el CNI).

Estos son algunos de los indicios de la injerencia rusa en Cataluña que deberá investigar la Unión Europea (UE):

En sus informes dirigidos al juez, la Guardia Civil sostiene que el Kremlin ha utilizado en Cataluña una «estrategia geopolítica de desestabilización» -también a través de sus apéndices mediáticos Rusia Today y Sputnik-, similar a las que empleó en marzo de 2014 para propiciar la independencia de Crimea respecto a Ucrania.

La Guardia Civil intervino una grabación en la que Víctor Terradellas explicaba a Xavier Vendrell (también imputado en el caso Volhov) que «el día 24 [de octubre de 2017, tres días antes de la declaración de independencia] hicimos venir al jefe de Rusia, pagaban toda la deuda. Esta gente le dijo al president [Puigdemont] si quería 10.000 soldados aquí».

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat, en una teleconferencia desde Estrasburgo

Cuando Vendrell pregunta si las tropas rusas entrarían por el aeropuerto, Terradellas añade: «Lo hacen a lo bestia, te meten un barco». Xavier Vendrell (exconseller de Gobernación de la Generalitat y exterrorista de Terra Lliure) no veía clara la operación porque «si Rusia interviene dentro de la OTAN, la OTAN reacciona, ¿qué hará la OTAN?».

Finalmente, Terradellas explica que no fue posible porque «el president se cagó, dijo que no quiere ser responsable de que nos maten a gente, pero necesitas 100 muertos. Si metes a un millón de personas en la Plaza de Sant Jaume, tendrán que matar para entrar». Luego sentencia: «Se nos pasó el arroz, no hubo cojones. Pero la coyuntura internacional nos volverá a dar la oportunidad».

No era una simple «ensoñación». La Guardia Civil certifica que Víctor Terradellas (imputado en la causa porque recibió varios millones de euros de la Diputación de Barcelona y la Generalitat en subvenciones presuntamente irregulares) mantuvo contactos como enlace de Puigdemont con el exdiputado de la Duma rusa Serguéi Markov, al que prometió que Cataluña reconocería la independencia de Crimea, a cambio de la ayuda militar de Rusia.

La Guardia Civil apela al precedente de Crimea para sostener que el Gobierno del Kremlin llevó a cabo en el otoño de 2017 en Cataluña una estrategia de «guerra de información para desestabilizar a España» como parte de una «narrativa general sobre una Unión Europea al borde del colapso», y es ese el principal mensaje de los medios de comunicación controlados por el Kremlin: Rusia Today y Sputnik.

Dentro de esta estrategia, añade la Guardia Civil, se difundieron «desinformación y noticias falsas, como que [en la jornada del 1-O] se había vivido la peor violencia en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y que España no respeta las libertades básicas de votar».

La Guardia Civil compara la estrategia del Kremlin en Cataluña con la utilizada en la independencia de Crimea.

Al respecto, los investigadores recuerdan que el editor Oriol Soler (considerado como miembro del estado mayor independentista y cuyas empresas han recibido más de tres millones de euros en contratos y subvenciones de la Generalitat) viajó a San Petersburgo el 5 de junio de 2017. Y luego, el 9 de septiembre (tres semanas antes del referéndum ilegal del 1-O), se reunió en la Embajada de Ecuador en Londres con Julian Assange, fundador de la web WikiLeaks, quien «difundió miles de mensajes en apoyo al movimiento independentista catalán».

El historiador Josep Lluís Alay fue detenido en Alemania en marzo de 2018, cuando acompañaba a Carles Puigdemont. El análisis del teléfono móvil de Alay acredita que todo el equipo de Puigdemont ha mantenido un estrecho contacto con el empresario ruso residente en Cataluña Alexander Dmitrenko, al que el Ministerio de Justicia denegó la nacionalidad española después de que el CNI emitiera el siguiente informe: «Se tiene conocimiento probado del trabajo consciente de Alexander Dmitrenko para los Servicios de Inteligencia rusos, de los que recibe misiones. Asimismo, se han detectado contactos de este individuo con algunos de los principales líderes del crimen organizado transnacional de origen ruso, para los que también realiza diferentes labores».

El Ministerio de Justicia denegó a Alexander Dmitrenko la nacionalidad rusa, después de que el CNI constatara sus vínculos con la mafia y la inteligencia rusa.

Dmitrenko envió a Alay (jefe de la oficina de Puigdemont en Waterloo) la documentación correspondiente a una operación de venta de gas ruso a la compañía china Gulf Energy, que había logrado cerrar por importe de seis millones de dólares.

La transacción sufrió varios retrasos porque el Bank of Communications Co. Ltd, con sede en Hong Kong, se negó a aceptar la transferencia de 295.500 dólares correspondientes a la fianza con destino a una entidad financiera rusa, ante las sospechas de blanqueo de capitales. El cargamento de gas se trasladó en barco desde un puerto de la isla rusa de Sakhalin.

En uno de los chats de Telegram utilizado por los colaboradores de Puigdemont en Waterloo, se celebró esta operación de venta de gas como un éxito de «todos nosotros», por lo que la Guardia Civil investiga si ha servido para financiar al «Consell de la República» de Waterloo.

Alexander Dmitrenko es socio en el Reino Unido de Artem Lukoyanov, hijastro de Vladislav Surkov, quien fue hasta febrero de 2020 jefe de gabinete y asesor personal del presidente ruso Vladímir Putin. Lukoyanov es además gerente de la compañía Rubitech, que en 2020 obtuvo contratos del Gobierno ruso por importe de 128,6 millones de euros.

El diario The New York Times desveló el pasado mes de septiembre los contactos que ha mantenido con antiguos agentes de la inteligencia rusa Josep Lluís Alay, como jefe de la oficina de Puigdemont en Waterloo.

Como emisario de Puigdemont, Alay viajó en primavera de 2019 a Moscú, donde se entrevistó con Oleg V. Syromolotov(exdirector de la agencia nacional de inteligencia rusa), Yevgeny Primakov (al que definió como «la mano derecha de Putin en el Kremlin para las relaciones internacionales) y con Andrei Bezrukov, exfuncionario del servicio de inteligencia de Rusia.

En octubre de 2019, pocos días después de la violenta ocupación del aeropuerto de El Prat orquestada a través del Tsunami Democràtic, viajaron desde Moscú a Barcelona Sergei Sumin (coronel del Servicio Federal de Protección de Rusia, una agencia que supervisa la seguridad de Putin) y Artyom Lukoyanov, hijo adoptivo de un alto consejero de Putin y socio del citado Alexander Dmitrenko.

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